La Comisión dictamina que Italia debe eliminar las exenciones fiscales a los puertos

9/12/2020 - La Comisión Europea (CE) ha enviado un dictamen motivado a Italia solicitando la eliminación de las exenciones del impuesto sobre sociedades concedidas a sus puertos, con el fin de alinear su régimen fiscal con las normas sobre ayudas de Estado de la UE. Según la Comisión, “los beneficios de las actividades económicas obtenidos por las autoridades portuarias deben gravarse de acurdo con las leyes nacionales de impuestos sobre sociedades para evitar distorsiones de la competencia”.

Para la comisaria de Competencia de la CE, Margrethe Vestager, la decisión tomada para los puertos italianos, como anteriormente para los de los Países Bajos, Bélgica y Francia, “deja claro que las exenciones injustificadas del impuesto sobre sociedades a los puertos distorsionan la igualdad de oportunidades y la libre competencia, y deben eliminarse”.

Esta decisión es el resultado de las investigaciones de la Comisión sobre la fiscalidad de los puertos en los Estados miembros, iniciadas en noviembre de 2019. La Comisión considera que estas exenciones “proporcionan una ventaja competitiva a los puertos italianos” y “no persiguen un objetivo claro de interés público, como la promoción de la movilidad o el transporte multimodal”.

Italia deberá ahora tomar las medidas necesarias para eliminar estas exenciones y asegurarse de que todos sus puertos estén sujetos a las mismas reglas de impuestos sobre sociedades que otras empresas a partir del 1 de enero de 2022.

Dado que la exención del impuesto sobre sociedades a los puertos ya existía antes de que el Tratado entrara en vigor en Italia en 1958, esta medida se considera “ayuda existente” y, por lo tanto, la decisión de la Comisión no impone ninguna obligación a Italia de recuperar el impuesto sobre sociedades que los puertos italianos han dejado de pagar en estos años.

Cabe recordar que España modificó en 2019, a requerimiento de la Comisión, su legislación sobre el impuesto sobre sociedades para ajustarla a las normas de la UE sobre ayudas estatales. Como consecuencia, desde el 1 de enero de 2020, los puertos españoles están sujetos a las mismas normas de tributación de este impuesto que otras empresas.