Los piratas somalíes volvieron a atacar buques mercantes tras más de dos años y medio, según confirmaron en un comunicado fuentes de la operación Atalanta contra la piratería en Somalia de EUNAVFOR.

El primer ataque tuvo lugar el pasado 22 de octubre cuando 6 piratas armados, a bordo de un esquife persiguieron y dispararon contra el buque quimiquero de bandera británica CPO Corea, a unas 330 millas de la costa de Somalia.

Según EUNAVFOR, que confirmó el ataque después de una investigación exhaustiva, “durante el ataque, se intercambiaron varios disparos entre los 6 hombres armados a bordo de un bote rápido y el equipo de seguridad privada del CPO Corea. Finalmente el buque pudo repeler el intento de abordaje aplicando las medidas de autoprotección recomendadas: aumentando la velocidad, alterando el rumbo y usando las mangueras contraincendios.

Éste fue el primer ataque registrado contra un buque mercante frente a la costa de Somalia desde principios de 2014. Se produjo poco después de que 26 rehenes del pesquero Naham 3 fuesen liberados tras ser retenidos por piratas somalíes durante cuatro años y medio.

Pocos días después, el 25 de octubre, un metanero de bandera española de 138.000 m3 que navegaba en carga, fue atacado frente a la costa de Yemen, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb. Los atacantes dispararon contra el buque desde un esquife con "pequeñas armas de fuego" , (y no con granadas propulsadas por cohetes, como inicialmente se informó) que no produjeron daños al buque o sus tripulantes.

Los expertos que investigaron el incidente informaron de que, "el esquife debía transportar una cantidad sustancial de explosivos, que hicieron explosión cuando el esquife se encontraba a unos 20 metros del gasero, destruyendo el esquife". Se desconoce si la explosión fue provocada voluntariamente por los propios atacantes o si fue accidental.

España fue uno de los primeros países en reaccionar cuando comenzaron a intensificarse los incidentes de piratería, mediante la publicación del RD 1628/ 2009, que modificó el Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994) y el Reglamento de Armas RD (137/1993), junto con la Orden PRE 2914/2009, que desarrolló el anterior. En virtud de estas normas, se autorizó el embarque, en buques mercantes y pesqueros españoles, de personal de seguridad privada, si bien estos servicios únicamente pueden prestarse por “empresas de seguridad de ámbito estatal, autorizadas para la prestación de servicios y actividades de vigilancia y protección de personas y bienes e inscritas en el registro correspondiente del Ministerio del Interior…”.

La experiencia en la aplicación de estas disposiciones ha demostrado, por una parte, la gran eficacia de la vigilancia privada para prevenir los abordajes y secuestros en caso de ataques piratas y, por otra, que algunos de los requisitos impuestos a las empresas inscritas en el registro del Ministerio del Interior, si bien son aceptables para la protección de buques pesqueros con largas campañas en una misma zona, son demasiado rígidos para el embarque de personal armado en buques mercantes. La consecuencia es que las mismas empresas de protección privada que protegen regularmente los buques pesqueros que operan en la zona de Seychelles, no consiguen cumplir los requisitos para embarcar personal armado en el caso de buques mercantes en tránsito en la zona de Somalia/Mar Rojo.

En consecuencia, ANAVE elevado al ministerio de Fomento la petición de las empresas navieras afectadas de que se promueva una revisión de dicha normativa, con el fin de que pueda asegurarse una mejor protección de los buques mercantes españoles y de sus dotaciones frente a ataques piratas o terroristas.

Las empresas están preocupadas por no poder tomar para proteger a sus tripulantes las medidas de autoprotección que se han demostrado como eficaces, pero confían en que sea posible llegar a una solución urgente mediante la cual se puedan articular medios para proteger a los tripulantes, que es su máxima prioridad.

8-11-2016