El presidente de ANAVE y el director general de la Marina Mercante coincidieron en esta solución a la falta de competitividad del Registro canario
9/5/2019 – “Para relanzar la flota mercante de bandera española es necesario centralizar las funciones administrativas relativas a la misma en un único organismo público autónomo, encargado de la gestión del Registro Especial de Canarias”, con un enfoque eminentemente empresarial. Ésta fue la conclusión del presidente de la Asociación de Navieros Españoles, Alejandro Aznar, durante su intervención en una mesa redonda sobre el futuro de la Marina Mercante en la jornada inaugural de IV Congreso Marítimo Nacional, organizado por la Real Liga Naval y el Clúster Marítimo Español, que se celebra ayer y hoy en Madrid. Como ejemplo de un organismo similar, citó a Puertos del Estado.
Previamente el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, había manifestado que: “Es necesario dotar a la Marina Mercante española de herramientas que le permitan ser competitiva” en el ámbito internacional y hacer frente a los dos grandes retos a los que se enfrenta el sector del transporte marítimo en el corto plazo: la nueva normativa medioambiental y la digitalización.
Según Núñez, el hecho de que la flota mercante de pabellón español se encuentre muy por debajo del nivel que le correspondería según la importancia económica y el comercio marítimo de nuestro país “es consecuencia directa de no haber aplicado una política marítima integral con una visión a largo plazo”.
A este respecto, Alejandro Aznar señaló que la dispersión de competencias administrativas relativas a los buques españoles limita muy seriamente su competitividad. Esto justifica que el pasado año la flota mercante controlada por armadores de nuestro país, pero abanderada en otros registros europeos, haya crecido más de un 26% mientras que la registrada en España se haya reducido en un 5,5%.
El director general de la Marina Mercante reconoció que la propuesta de Aznar de centralizar las competencias administrativas relativas a los buques registrados en el pabellón español en una agencia pública dotada de autonomía posiblemente era la única solución, si bien su aplicación iba a resultar muy difícil por afectar a varios ministerios.