España tiene de plazo hasta el 2 de enero para presentar alegaciones acerca del dictamen de la CE sobre el servicio de estiba
Tras la ampliación del plazo concedida por la Comisión Europea, España tiene hasta el 2 de enero, para presentar alegaciones en relación con el dictamen motivado de la CE sobre el servicio de estiba.
Ignacio Arrondo, Director de Servicios y Competitividad de Puertos del Estado, declaró a los medios de comunicación que quien presentará las alegaciones será el Gobierno de España, y aclaró que tienen que ver si las propuestas que han recibido de ANESCO y de las organizaciones sindicales son asumibles y coherentes con los argumentos de Puertos del Estado.
Se da la circunstancia de que, en el BOE del pasado 13 de diciembre, se publicó la sentencia del 14 de noviembre por la que el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad que en 2004 había interpuesto el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra diversos preceptos de la Ley de Puertos 48/2003. El Tribunal ha decidido “declarar que ha perdido objeto la impugnación”, dado que varios artículos de dicha ley ya no se encuentra en vigor, y “desestimar el recurso en todo lo demás.” No obstante, varios medios del sector señalaron que es significativo que uno de los motivos de inconstitucionalidad alegados en este recurso fuesen las restricciones que la ley imponía a las empresas estibadoras. Según el recurso socialista, dichas restricciones podían considerarse aceptables en la medida en que las sociedades de estiba estuviesen mayoritariamente controladas y, por tanto, reguladas por el Estado (como ocurría con la ley anterior), pero que resultaban inaceptables cuando se concedían a una APIE, de carácter totalmente privado. De aquí cabría deducir la misma conclusión respecto de las actuales SAGEPs.
No parece, sin embargo, que comparta este punto de vista el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, ya que afirmó: “El presidente de Puertos del Estado debe ser coherente y consecuente en la defensa de los intereses generales de España. Entendemos que la ley actual se hizo bien y que el texto vigente, que recoge las reglas del juego, fue fruto de un acuerdo político y social amplio.”
(20-12-12)