Introduce un límite obligatorio y un mecanismo de fijación de precios globales para las emisiones de GEI a partir de 2028
El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), ha aprobado un nuevo marco regulatorio que combina límites obligatorios de emisiones y un mecanismo global de fijación de precios para los gases de efecto invernadero (GEI) en el sector marítimo. Esta decisión, que deberá ser ratificada para su adopción en la próxima sesión del MEPC el próximo mes de octubre, marca la primera vez que un sector industrial al completo acuerda un precio global para las emisiones de carbono.
El denominado ‘Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI’ (IMO Net-Zero Framework) acordado establece una norma mundial sobre combustible y un sistema de precios para las emisiones de GEI que será obligatorio para los buques de más de 5.000 GT, responsables del 85% de las emisiones del sector. El objetivo a largo plazo es alcanzar las cero emisiones netas “cerca de 2050”, alineado con la Estrategia de la OMI de 2023 sobre reducción de GEI y el Acuerdo de París.
El paquete regulatorio, que entrará en vigor en 2027, incluye enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, añadiendo un nuevo capítulo dedicado a la emisiones de GEI de los buques. Entre las novedades introducidas en la nueva normativa destacan:
- Norma mundial sobre combustibles (Greenhouse Gas Fuel Intensity, GFI): Los buques deberán reducir progresivamente la intensidad de carbono de sus combustibles, es decir, la cantidad de GEI emitida por unidad de energía consumida, utilizando una metodología del pozo a la estela (Well-to-Wake, WtW).
- Mecanismo económico global: Se introduce un sistema de créditos y penalizaciones con dos niveles de cumplimiento: un objetivo base y un objetivo de cumplimiento directo (Direct Compliance Target, DCT). Los buques cuyas emisiones superen el primero deberán adquirir unidades de recuperación (Remedial Units, RU) con un coste de 380 dólares por tonelada de CO2 equivalente (tCO2eq). Los que superen el objetivo de cumplimiento directo pero se mantengan por debajo del base pagarán una penalización de 100 dólares por tCO2eq.
- Créditos de cumplimiento: Aquellos buques con emisiones por debajo del DCT generarán unidades excedentarias (Surplus Units, SU), que podrán ser utilizadas para equilibrar sus niveles de intensidad de carbono por un periodo de hasta dos años. También podrán ser vendidas a través de un registro de la OMI. Este sistema permite la transferencia de créditos entre buques, facilitando el cumplimiento para aquellos con menor acceso a combustibles verdes.
- Fondo Net-Zero de la OMI: Los ingresos recaudados por la compra de unidades excedentarias se destinarán a recompensar a los buques con emisiones nulas o casi nulas, financiar proyectos de innovación marítima y descarbonización en países en desarrollo y mitigar impactos negativos en Estados vulnerables, como pequeños Estados insulares y países menos desarrollados.
- Revisión periódica: Las regulaciones serán revisadas cada cinco años para evaluar su eficacia y, en su caso, modificar su requisitos y exigencias en función de los avances tecnológicos y del mercado.
El complejo diseño del sistema hace difícil estimar con precisión los costes de cumplimiento, que dependerán en parte de la disponibilidad de combustibles que cumplan, así como de los factores de conversión de GEI del pozo a la estela que finalmente se acuerden.
Según la Cámara Naviera Internacional (ICS) y teniendo en cuenta las reducciones de intensidad requeridas y cómo funciona el sistema de dos niveles, se estima que para un buque que siga usando combustibles convencionales (y que no haga uso del sistema de pooling mediante la compra de unidades excedentes de otros buques), esta nueva regulación en 2028 tendrá un sobrecoste de aproximadamente 140 $ por tonelada de combustible, aumentando a unos 200 $ por tonelada para 2030 y potencialmente a más de 500 $ por tonelada en 2035
Por su parte para la OMI, los objetivos iniciales de cumplimiento serán relativamente accesibles mediante el uso de biocombustibles, aunque se prevé que la competencia con otros sectores (como la aviación) los encarezca en el futuro.
La nueva regulación prevé una reducción de un 17% en la intensidad de carbono para 2028 respecto a 2008, aumentando al 21% en 2030. Sin embargo, según un informe del UCL Energy Institute de Londres (Reino Unido), el impacto real será una reducción de apenas un 8% para 2030, muy por debajo de la meta del 20-30% establecida previamente por la OMI en su estrategia del año 2023. El UCL estima que el sistema podría recaudar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares hasta 2030.
El proceso normativo continuará con la adopción formal prevista para octubre de 2025, seguida de la aprobación de directrices detalladas en la primavera de 2026 y la entrada en vigor en 2027. Además, la OMI deberá definir criterios claros sobre qué combustibles se considerarán realmente verdes y garantizar la transparencia y eficacia del sistema de créditos y del Fondo Net-Zero.