Pleno apoyo de todos los grupos políticos españoles a impulsar el desarrollo del GNL como combustible marino

Todos los grupos parlamentarios españoles presentes en el Senado apoyan la necesidad de impulsar el uso del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible de los buques.

Así lo ha manifestó la senadora María Jesús Ruiz, presidenta de la Ponencia sobre este asunto creada en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, en el ámbito de una jornada sobre Autopistas del Mar celebrada en Madrid el pasado lunes, día 16 de septiembre.

En los últimos meses han comparecido ante dicha Ponencia más de una docena de personas de diferentes procedencias (Autoridades portuarias, asociaciones sectoriales, empresas suministradoras, técnicos consultores, profesores universitarios, etc). Con todas sus aportaciones, los miembros de la Ponencia están elaborando un informe que su presidenta espera pueda ser hecho público en el último trimestre de este año.

La senadora Ruiz indicó que la Ponencia ha constatado las claras ventajas que, tanto en el terreno medioambiental, como en el económico, puede aportar a las empresas armadoras el uso de GNL como combustible, lo que lo convierte, probablemente, en la mejor herramienta para asegurar el cumplimiento por los buques de la normativa europea e internacional sobre reducción de las emisiones contaminantes, que irá entrando en vigor en dos fases sucesivas en 2015 y 2020.

Un aspecto importante es que, según indicó su presidenta, la Ponencia valora muy especialmente la conveniencia de aprovechar que España cuenta con este momento con una posición privilegiada en la Unión Europea: más del 50% de las terminales de regasificación en puertos europeos están en España y disponemos de empresas líderes en la tecnología de transporte y manejo del GNL. De ahí que la puesta en marcha lo antes posible del suministro de este tipo de combustible a los buques pueda generar considerable actividad económica, tanto en España, como potencialmente fuera de ella, para las empresas españolas.

Finalmente, el informe recomendará que la labor de la Administración se concentre en el desarrollo y puesta en vigor lo antes posible de la normativa (tanto técnica como administrativa) necesaria para facilitar el desarrollo de esta tecnología, pero sea la iniciativa económica privada la que ponga en marcha y explote los proyectos concretos.

(18-9-13)

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