El Gobierno de Ucrania ha aprobado un mecanismo de compensación estatal para cubrir hasta el 80% de los daños causados por la agresión rusa a buques cuando los riesgos correspondientes no estén cubiertos por sus seguros. Para acogerse a estas ayudas, los buques deberán contar con un seguro o póliza de protección e indemnización (P&I) vigente en el momento del incidente. Podrán solicitarlas armadores, operadores y fletadores de buques de pabellón ucraniano y extranjero dedicados al transporte de mercancías.
Dicho mecanismo, anunciado el 16 de octubre, cubre las aguas territoriales ucranianas; la ruta marítima temporal, que conecta los puertos de Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi con las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de Rumanía; y el resto de los puertos ucranianos abiertos al tráfico marítimo. Las indemnizaciones se concederán a fondo perdido y deberán solicitarse durante los 180 días naturales siguientes al incidente.
Entre los conceptos indemnizables figuran la pérdida o los daños del buque y su carga, los gastos de las operaciones de emergencia y salvamento y los daños sufridos por los tripulantes. Las compensaciones estarán sujetas a la disponibilidad de fondos presupuestarios y las correspondientes a daños producidos en 2026 se financiarán con cargo al presupuesto de 2027. La cobertura pretende reducir la exposición económica de las empresas que mantienen sus tráficos con Ucrania.
El ministro ucraniano de Transportes, Mykola Kalashnyk, señaló que los ataques contra los puertos y los buques civiles condicionan las exportaciones. «Rusia sigue atacando deliberadamente los puertos y la navegación civil de Ucrania, intentando interrumpir las rutas de exportación y golpear la economía ucraniana. Aunque hemos ampliado considerablemente las rutas logísticas alternativas, estas no pueden sustituir por completo al transporte marítimo», afirmó en el comunicado ministerial.
Según explicó el ministerio, los elevados riesgos de guerra y las insuficiencias de cobertura de seguro influyen en las decisiones de los armadores sobre las escalas en los puertos ucranianos. La intervención estatal busca mantener las operaciones de importación y exportación durante la vigencia de la ley marcial.
Ucrania ya había establecido en 2023 un procedimiento de garantías para compensar a propietarios, operadores y fletadores por los daños derivados de la agresión rusa.