Almunia anuncia que no se reclamará a los armadores en relación con el “tax lease”

Numerosos medios de comunicación españoles se han hecho eco de declaraciones del Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, tras la reunión mantenida en la mañana de ayer con autoridades españolas, en las que dijo: “Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de ayudas de los inversores”.

Es obvio que esta decisión no satisface plenamente al conjunto de los intereses españoles implicados, pero sí tranquiliza a los armadores españoles y europeos que encargaron de buena fe buques en astilleros españoles mediante el mecanismo del tax lease, operaciones que fueron autorizadas caso a caso por las Autoridades españolas. Las asociaciones europeas de navieros, coordinadas por ANAVE y ECSA, habían trasladado a las autoridades comunitarias su petición de que, de forma análoga a como se hizo en el caso de Francia, se reclamase la devolución solamente desde la fecha en que se hizo pública la apertura del procedimiento por la Comisión (en el caso de España, 21 de septiembre de 2011). Sólo por esta vía se garantizaría plena seguridad jurídica a los armadores que encarguen buques en cualquier país de la UE.

No se ha aceptado este argumento, ni tampoco los efectos jurídicos de la carta de 2009 en la que la entonces comisaria de Competencia, Nelly Kroes, confirmó que sus servicios no tenían prevista ninguna actuación al respecto. Este argumento, que ya en general parece convincente, resulta demoledor en palabras de la Asociación de Navieros de Noruega que, en un escrito a los miembros de la Comisión, manifiesta que “los armadores noruegos compraron los buques basados en criterios normales de mercado y simplemente siguieron la legislación española vigente al embarcarse en el sistema español de tax lease. Más aún, en una carta de 9 de marzo de 2009, la comisaria de la Competencia, Nelly Kroes confirmó a la ministra noruega de transportes Sylvia Brustad la legalidad del sistema”. Es como decir: “si yo le pregunté y la Comisión me dijo a mí, a mí mismo, en 2009, que eso era legal, ¿cómo puede ahora reclamarme ayudas desde 2005?”

La única decisión que puede verdaderamente salvaguardar la seguridad jurídica para todo el sector marítimo y de construcción naval en Europa es que se respete la fecha de publicación de la apertura del procedimiento por la Comisión, como ya se hizo con Francia en su momento. Pero, curiosamente, los astilleros de otros países europeos parecen no entender esta realidad evidente. Fuentes próximas a los gabinetes de comisarios europeos han confirmado a ANAVE que están recibiendo fuertes presiones del sector europeo de la construcción naval insistiendo en que se reclamen las ayudas a los astilleros. Parece que prefieren asegurar menos competencia para hoy que seguridad jurídica para el futuro. Lo normal sería que acabasen pagando este error, pero sólo el futuro lo dirá.

(12-7-13)

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