Baleària y Trasmed defienden su actuación conforme a la ley y expresan su preocupación por los efectos de las restricciones al transporte marítimo.
Las compañías navieras están cumpliendo escrupulosamente sus obligaciones de información tanto al Consell d’Eivissa como a los pasajeros. ANAVE y sus empresas asociadas han mantenido numerosas reuniones con los técnicos del Consell, siempre desde una actitud de lealtad institucional y voluntad de colaboración. Y ello a pesar de que el transporte marítimo está siendo injustamente señalado, cuando su impacto en la saturación viaria de la isla es mínimo.
En sendos comunicados, Baleària y Trasmed han manifestado su “profundo malestar” por la forma en que se ha gestionado y aplicado la nueva Ley 5/2024, que regula el acceso de vehículos a la isla, y han desmentido rotundamente cualquier incumplimiento normativo.
Baleària, “niega rotundamente que haya eludido su obligación de informar al Consell sobre las matrículas de los vehículos transportados, así como de comunicar a los pasajeros las restricciones vigentes”. La naviera asegura que cumplió con los plazos exigidos: “La compañía remitió estos archivos el lunes día 2 de junio a las 11.54h, seis días antes del plazo límite”, destacan fuentes de la empresa, que también explican que los retrasos puntuales en la remisión diaria de matrículas se debieron a fallos en la plataforma del propio Consell, incidencia que fue comunicada de inmediato y solventada en cuestión de horas.
Trasmed, por su parte, también rechaza cualquier acusación de incumplimiento y exige “rigor y veracidad” al Consell. Recuerda que ha informado debidamente a los pasajeros a través de su página web y que ha remitido toda la información requerida en tiempo y forma. Además, cuestiona la legalidad de la entrada en vigor de la limitación, señalando que el Consell no ha respetado los plazos previstos en su propia normativa: “Según el artículo 3.1 de la Ley 5/2024, dicho acuerdo debía publicarse en el BOIB al menos tres meses antes de su entrada en vigor, lo que sitúa la fecha legal en el 28 de junio, no en el 1 de junio, como se ha aplicado finalmente”.
Críticas al fondo de la ley
Más allá de los aspectos formales, las navieras expresan su preocupación por el contenido de la norma y su impacto en la conectividad marítima. Baleària considera que las restricciones impuestas no resuelven el problema de saturación y, además, “ponen en grave riesgo” la conectividad de la isla. A su juicio, la norma parte de un diagnóstico erróneo, ya que no se ha tenido en cuenta que el flujo de entrada y salida de vehículos es prácticamente equilibrado, con un impacto neto sobre el parque móvil de la isla inferior al 1,5% de media en temporada alta.
Además, Baleària denuncia que se ha fijado un cupo de 4.000 vehículos mayoritariamente nacionales, frente a los 16.000 coches de alquiler autorizados para visitantes internacionales que llegan por vía aérea, lo que a su juicio favorece el transporte menos sostenible y penaliza el marítimo.
Trasmed, por su parte, lamenta que “la aplicación de la ley ha sido precipitada, sin garantías suficientes y con deficiencias técnicas y jurídicas notorias” y advierte que, “no tolerará que se ponga en duda su cumplimiento normativo”.
Ambas compañías coinciden en haber mantenido una actitud de diálogo y cooperación con el Consell d’Eivissa, pero advierten de que esta normativa puede tener consecuencias muy negativas a medio plazo sobre la conectividad marítima de residentes y turistas nacionales, así como sobre el abastecimiento de mercancías a la isla.