La Cámara Naviera Internacional (ICS), a través de un comunicado de su secretario general, Guy Platten, ha reiterado su apoyo a la puesta en marcha de un sistema de tasa global sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo. Dicho comunicado coincide con la reunión del Grupo de Trabajo Interseccional de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la reducción de emisiones (ISWG-GHG 18), que se está celebrando esta semana en Londres y donde se discuten cambios en el Convenio MARPOL para lograr la descarbonización del sector en 2050.
Platten destacó que la propuesta de establecer una tasa por tonelada de CO₂ equivalente emitida ha ganado un respaldo significativo, contando con el apoyo de 51 Estados miembros y organismos como la Comisión Europea. Esta medida permitiría la creación de un ‘Fondo de Implementación de la Estrategia de GEI de la OMI’, que financiaría la transición hacia combustibles de bajas o nulas emisiones, como el metanol, el amoniaco y el hidrógeno verdes.
Para el secretario general de ICS existe un consenso cada vez mayor de que, “un sistema de tasa, complementado por un estándar de combustible de la OMI, es la mejor solución para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas”. Y añadió que, pese a las dudas de algunos Estados, solo se conseguirá una descarbonización efectiva y a gran escala a través de una estrategia global.
“Los gobiernos responsables de una gran mayoría del tonelaje mundial de transporte marítimo, así como el sector marítimo internacional consideran que esta propuesta de tasa es la mejor via y la más pragmática para descarbonizar el transporte marítimo en tiempo y forma. El sector naviero quiere un sistema sencillo, transparente y equitativo que pueda ponerse en marcha de forma rápida y eficiente”, concluyó Guy Platten.
Se espera que las enmiendas al Convenio MARPOL sean aprobadas en la próxima reunión del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 83) en abril. De ponerse en marcha, esta medida representaría un paso decisivo para reducir la brecha de costes entre los combustibles fósiles convencionales y sus alternativas más sostenibles, además de canalizar miles de millones de dólares en apoyo a los países en desarrollo para sus esfuerzos de reducción de emisiones.