La propuesta destina solo una pequeña parte de los ingresos a la descarbonización marítima y no garantiza la coordinación con la futura medida mundial de la OMI.
La Comisión Europea ha presentado su propuesta de revisión del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS), que deberá ser ahora discutida por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su aprobación definitiva. La propuesta incorpora algunos avances y reconoce varios de los problemas que viene señalando el sector, pero resulta insuficiente para resolver las principales deficiencias del ETS marítimo.
Uno de sus principales elementos es la creación del mecanismo Sustainable Maritime Alternative Propulsion (SMAP), dotado con 110 millones de derechos de emisión para el periodo 2028-2040. Este instrumento permitirá apoyar el uso de biocombustibles avanzados, combustibles sintéticos, electrificación y sistemas de propulsión eólica.
Es, sin duda, positivo que una parte de los ingresos generados por el transporte marítimo retorne al propio sector mediante un mecanismo específico. No obstante, los 110 millones de derechos previstos representan únicamente alrededor del 10% de su aportación al sistema y no guardan proporción con la magnitud del esfuerzo inversor que exige la transición energética. La dotación prevista resulta claramente insuficiente para financiar las inversiones necesarias y compensar la importante diferencia de precio entre los combustibles convencionales y los combustibles renovables. Además, la obligación de los Estados miembros de destinar al menos el 50% de los ingresos de las subastas a la descarbonización se refiere al conjunto de los sectores incluidos en el ETS y no garantiza una asignación concreta para el transporte marítimo.
La prórroga hasta 2035 de las actuales excepciones para las regiones ultraperiféricas y determinadas conexiones insulares constituye una medida necesaria, especialmente teniendo en cuenta la limitada disponibilidad y el elevado coste de los combustibles alternativos. La propuesta no extiende, sin embargo, estas excepciones a Ceuta y Melilla ni amplía su aplicación a las conexiones con islas de más de 200.000 habitantes. Las particularidades geográficas de ambas Ciudades Autónomas y su dependencia del transporte marítimo para garantizar la conectividad justifican su inclusión expresa en la excepción.
También es positivo que se plantee un único sistema de seguimiento y notificación para el ETS y FuelEU Maritime, ya que puede reducir duplicidades y simplificar las obligaciones administrativas de las navieras.
La extensión del sistema a determinados buques de entre 400 y 5.000 GT genera, en cambio, mayores reservas. La propuesta prevé ampliar inicialmente el Reglamento MRV a quimiqueros, gaseros y buques de pasaje de este tamaño, con vistas a su posterior incorporación al ETS a partir del 1 de enero 2031, junto con los buques de carga general. Esta ampliación supondría incorporar un número muy elevado de buques y operadores, muchos de ellos de pequeño tamaño, con el consiguiente aumento de las obligaciones administrativas y de los costes de cumplimiento. Además, amplía la diferencia respecto del futuro sistema mundial de la Organización Marítima Internacional, cuyo umbral se sitúa en los 5.000 GT.
Por su parte, las medidas propuestas para evitar el desvío de tráficos de contenedores pueden contribuir a corregir algunos de los efectos más evidentes del sistema, pero tienen un alcance limitado y son más una solución parcial que una respuesta estructural al problema.
Otro asunto pendiente sigue siendo la coordinación con la futura medida mundial de la OMI. La propuesta únicamente prevé una revisión posterior y la posible creación de un mecanismo de deducción, pero no establece que el ETS marítimo deje de aplicarse cuando entre en vigor una medida mundial equivalente. ANAVE defiende un marco único y global que evite que una misma emisión quede sometida simultáneamente a dos sistemas económicos. La futura negociación de la propuesta deberá, por tanto, garantizar una coordinación efectiva entre el régimen europeo y el sistema de la OMI, evitando duplicidades y preservando la competitividad del transporte marítimo europeo.